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"Tenemos que hacernos entender. Tenemos que hacernos esperar". Escribe Jaime Mario Trobo
02-09-2010 |
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Tenemos que hacernos entender. Tenemos que hacernos esperar.
Los Blancos empezamos a transitar un camino que ya recorrimos muchas veces. El camino de persistir en nuestros ricos ideales, los que han estado de moda en ocasiones y fuera de ella en otras, pero que han sido los mismos desde nuestra congregación. El Partido Nacional, desde su fundación como defensores de las leyes, no es otra cosa que la articulación política con expresiones electorales de una ideología que ubica en su centro al ser humano y su libertad, y a la búsqueda permanente de la mejor forma de organizar la sociedad respetando esos principios. En esa búsqueda, la solidaridad y el propósito de generar las condiciones de un desarrollo saludable y con ocasiones para el ser humano y su familia, respetar su autonomía, estimular su creatividad, respetar sus opciones personales y alimentar el propósito de lograr el objetivo colectivo de vivir en una sociedad prospera, son componentes esenciales.
Esta es una definición personal, es una interpretación que compartimos muchos blancos del motivo que orienta a nuestra colectividad, y es el centro del origen de la larga marcha que nuestra corriente ha realizado y realizará, pues responde a principios connaturales al ser humano, porque nos entendemos como individuos libres e independientes, creemos en sus condiciones extraordinarias para superar adversidades y decidir el futuro y en la estimulante formula de compartir el resultado del esfuerzo cuando toda la sociedad lo realiza, mas allá o más acá de lo que cada uno sea.
Tenemos la convicción que el estado, la organización burocrática y formal al servicio de las personas para asistirlas en su organización que les permita convivir y construir colectivamente, superando las dificultades individuales y generando condiciones democráticas de acceso a servicios imprescindibles para el desarrollo humano, nunca puede dejar de tener un rol de apoyo, de respaldo, de facilitación con los individuos y sus familias. No creemos en el estado omnipresente, totalizador, determinante, sino en uno facilitador, estimulante y justo.
En el camino que reemprendemos, suenan alarmas que confunden a algunos. Como un partido político democrático y republicano no entiende otro modo de llegar al gobierno que el de la asignación por la ciudadanía, un desafío es su conquista. Una alarma resulta de la orientación que parece tener una mayoría de la opinión pública que nos excluiría de la opción de conquistarla. “Si mas del 40% de la opinión pública se autodenomina de izquierda”, como vamos a conquistarlo preguntan algunos compañeros si no elaboramos un discurso para ellos?”. Es un problema, que por lo pronto no resolveremos con travestismo ideológico, sino trabajando duro para darle a nuestra matriz originaria una presentación actualizada, que se comprenda que la libertad no excluye la solidaridad, pero que requiere garantías permanentes para su ejercicio y que esas garantías las brinda el estado de derecho.
Otras alarmas nos anuncian la necesidad de adecuar el funcionamiento partidario a tiempos distintos, a estímulos diferentes a la opinión pública, a procedimientos en ocasiones inusuales para la tarea política tradicional y es obvio que en ello es inminente tomar decisiones. Para ello abrir la cancha todo lo posible para nutrirnos de experiencia y diseño de método de trabajo que ofrezca eficacia.
Otra alarma, y me preocupa especialmente, es la que anuncia el peligro de un partido electoral, que sólo se orienta estimulado por la campaña o un comicio y al servicio de esta instancia determinante pero circunstancial disminuye el perfil nítido de su idea original. Este debate, este análisis no puede quedar restringido a los que ocupamos posiciones, por importantes y dignas que sean, tanto en la estructura partidaria como en posiciones de gobierno; debe convocar a miles de ciudadanos que son tan blancos como nosotros, profesan nuestro ideal, lo practican, nos conceden posiciones, y tienen tanto derecho como nosotros a los análisis y las reflexiones. Hay hombres, mujeres, jóvenes, veteranos, estudiantes, desempleados, grandes empresarios, influyentes abogados y científicos, empleados públicos, sindicalistas, productores, gente de la cultura, que están en el país o fuera de él, que tienen el derecho, debemos habilitarles el camino de ejercerlo constituyéndolo en un deber, de dar su opinión para que el Partido de la Libertad aparezca a los ojos de los que deciden como la gran esperanza.
Jaime Mario Trobo
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"El Partido Nacional en Melilla". Escribe el diputado Ricardo Berois
01-09-2010 |
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El pasado 21 de agosto nos reunimos Legisladores, Intendentes y Presidentes de las Departamentales Nacionalistas a los efectos de reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestro querido Partido Nacional.
En primer lugar el politólogo Ignacio Zuasnábar presentó un valioso informe sobre lo sucedido en las elecciones nacionales y discurrió sobre el estado de situación política del país.
Que el futuro es incierto no hay duda, que son muchas las causas de las permanentes caídas electorales del Partido Nacional, también es cierto.
El Frente Amplio no crece y el Partido Nacional pierde votos elección tras elección. Del análisis surge que sólo el 18% del electorado se considera identificado con el Partido Nacional, el 9% con el Partido Colorado, el 41% se identifica con el Frente Amplio. En el resto de la ciudadanía el 14% se le considera electores múltiples, esto es sin opción previa, de esos el 10% está más identificado con los Partidos Fundacionales y el 3% con el Frente Amplio, sólo el 18% del electorado no se identifica con ningún Partido.
Este es el mapa electoral y desde aquí partimos para ver las fortalezas y debilidades de nuestra colectividad política.
Las fortalezas no es momento de analizarlas, por algo el Partido Nacional es uno de los más viejos Partidos Políticos del mundo, siendo actualmente la segunda fuerza electoral del país con 12 Gobiernos Departamentales, 30 Diputados y 9 Senadores.
Es mucho lo que tenemos que cambiar y del análisis de importantes reflexiones -que allí se realizaron- tenemos la firme esperanza que la mayoría de la dirigencia partidaria va en ese camino. La reunión fue muy buena y es necesario repetirla en todo el país a los efectos de consolidar los buenos aportes emanados de esa velada.
En el país hay dos realidades que necesariamente se deben de tratar en forma diferente: una es la realidad política de Montevideo y Canelones y muy otra es la realidad política del resto del país.
En cuanto a la necesidad de proyectar estrategias con el objetivo de tener la mejor comunicación con la comunidad, Montevideo y Canelones requieren un trabajo diferente, que serán los dirigentes Departamentales que tendrán que afianzar.
No hay duda que en cualquier punto del país la comunicación personal con la sociedad civil es el centro de la actuación, aunque esto suene obvio no siempre es hábito natural de los actores políticos.
El Frente Amplio nos quiere embretar con calificativos que estigmatizan el accionar político, como: “de derecha”, “conservadores”, “oligarcas”, “capitalistas”, etc., todos adjetivos que sólo tienden a descalificar la conducta política de los individuos. Sin embargo la denominada Izquierda nacional es como un péndulo que fluctúa de un lado para el otro adoptando diferentes posiciones ante un mismo tema. Esa ha sido su conducta de los últimos años, que le ha dado un importante rédito electoral, sin embargo los Blancos morimos aferrados a una única posición, no dejando lugar a otras opciones dentro del mismo Partido, conducta que siempre fue aceptada, valorada y que nos trajo réditos electorales.
Cuando el Partido Nacional ganó en el año 1989, coexistían esas dos posiciones, bien diferentes, recordarán las posturas del Senador Carlos Julio Pereyra con respecto al resto del Partido en temas fundamentales de la vida del país.
En el Frente podemos dar múltiples ejemplos casi a diario, por un lado se cuestiona duramente la actitud del Dr. Gonzalo Fernández y por el otro el Presidente de la República se solidariza y lo va a visitar a la casa, en muestras claras de apoyo a ese compañero político.
En casi todos los temas fluyen dentro del Frente diferentes posiciones, el Frente pregonó en contra de la extranjerización de la tierra y en el Gobierno del Frente Amplio se produce la mayor extranjerización de la tierra en la historia del Uruguay.
Y ni que hablar de las contradicciones históricas, por ejemplo “no pago de la Deuda Externa”, “Nacionalización de la Banca”, “No a las Privatizaciones y Asociación Público-Privado”, o como el reciente tema del coordinador departamental que quieren implementar, pregonaron siempre la descentralización y esta medida sería un tiro exacto al corazón de los gobiernos departamentales, violando la Constitución, pegándole una bofetada al mejor estilo de un gobierno centralista, a la voluntad de los pueblos del interior, expresada en las urnas en mayo del presente año.
Posiciones que no han tenido costo para el Frente Amplio y que han sido incorporados como parte del folklore político que nos ofrece el Uruguay, vayamos a otro razonamiento que tenemos que tener en cuenta a la hora de recomponer al Partido Nacional.
Consideramos que los gobiernos departamentales son el mejor escenario para demostrar el accionar del Partido Nacional, crecimos a doce, por algo será…
Utilicemos los instrumentos que tenemos, los gobiernos departamentales son fieles intérpretes de la sintonía de la ciudadanía, y en el Interior profundo son el termómetro exacto del acontecer de la comunidad.
Es hora de empezar a reconstruir el Partido desde los instrumentos que tenemos y que legítimamente se conquistaron en las urnas.
Expusimos sólo dos argumentos que consideramos importantes y que sería bueno tener en cuenta, aportes a una discusión que no se agota en una reunión.
Algunos de nuestros dirigentes tienen que desempolvar viejas bibliotecas, porque el país cambió. Es otro el electorado actual en relación al que había cuando ganamos, es más, los aspectos socioculturales del país varían de una elección a otra.
Son sólo algunos de los desafíos y oportunidades que tenemos, que emergieron de la reunión de Melilla. Es imprescindible comenzar a trabajar en este sentido, el 21 de agosto fue un buen comienzo, sigamos sin pausa por este camino, la tarea es dura, pero con rebeldía, humildad y confianza lo podemos lograr.
Ricardo Berois
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El diputado Luis Lacalle Pou "En Perspectiva"
01-09-2010 |
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Lacalle Pou: “Si se borran los antecedentes de los menores, difícilmente se pueda hacer justicia”
Desde hace cuatro años, el diputado del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, viene impulsando un proyecto de ley por el cual los antecedentes judiciales de los menores infractores quedarían a disposición de la justicia. Entrevistado por En Perspectiva, el legislador herrerista afirmó que la iniciativa responde a un “clamor popular” que tiene apoyo, tanto en algunos sectores del Poder Ejecutivo como en los partidos de la oposición. “Lo único que falta es la parte vital, los legisladores de la mayoría. Desde el año 2006 estamos chocando contra esa negativa a la que ya no le encuentro explicación”, manifestó. El representante aseguró que la medida “no violenta ningún convenio firmado por Uruguay con respecto a los derechos del niño”, y que la misma tiene un fin preventivo. “Como cualquier joven que va a buscar un laburo y tiene que andar con el currículum abajo del brazo, esto es, lamentablemente, el currículum negativo de una persona que ha perjudicado a la sociedad”, expresó.
EMILIANO COTELO:
Cómo tratar a los menores infractores y qué hacer con ellos una vez que dejan de ser menores es un tema recurrente en el debate político desde hace por lo menos dos o tres años. En estas horas, está muy vigente a raíz del caso de “el Maikol” en Paysandú.
Ayer, para impulsar la iniciativa de mantener los antecedentes judiciales de los menores infractores, legisladores blancos se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Concretamente, los diputados del sector Aire Fresco, del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado y Amín Nifuri se reunieron con el presidente de la Suprema Corte, José Chediak, para intercambiar puntos de vista sobre la propuesta de que no se eliminen los antecedentes judiciales de los menores infractores cuando estos cumplen la mayoría de edad.
El doctor Chediak les trasmitió su postura a favor y dijo que está de acuerdo incluso en concurrir a una comisión parlamentaria a debatir sobre este tema.
***
EC – Estamos con el doctor Luis Lacalle Pou, diputado herrerista por el departamento de Canelones, integrante de la Comisión Especial sobre Adicciones, Consecuencias, e Impacto en la Sociedad Uruguaya.
JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
¿Qué destaca de este encuentro de ayer?
LUIS LACALLE POU:
¿Puedo hacer una brevísima aclaración?
JAE- Adelante.
LLP – El proyecto se lo presentamos en el año 2006, para que se den cuenta de cuándo data.
EC – Yo decía que el tema estaba desde hace dos o tres años y me faltó un año, en realidad está en debate desde hace cuatro años.
LLP – Claro, y ha tenido intensas actividades en el Parlamento. Esto ya fue votado en contra en el período pasado, en comisión, por el Frente Amplio (FA). Lamentablemente nunca se quiso llevar al Plenario, aunque discutimos fuertemente. En el año 2007 presentamos un derecho de petición con 130.000 firmas, ahí también estaba incluido este proyecto. Lo volvimos a presentar cuando empezó este período y el 28 de julio pasado lo fuimos a defender a la comisión de Constitución y Código.
Después comenzamos estas visitas, primero al ministro Bonomi –que aparentemente se mostró favorable, aunque el FA rápidamente le cerró las puertas– y ayer a las 14.15 horas al presidente de la Suprema Corte de Justicia.
JAE – ¿Qué balance saca usted de este encuentro de ayer?
LLP – Muy bueno, porque tenemos una visión distinta del primero de todos los poderes, por así decirle; un poder independiente que es justamente la cara que se encuentra en dificultades al no poder conocer los antecedentes de los menores. Y explico: a un juez le cae un chiquilín de 18 años y 3 meses, en una ciudad chica donde todos se conocen. El juez sabe que ha estado en conflictos con la ley, salió en los diarios, conoce el barrio, conoce su persona, ha entrado dos o tres veces al INAU, tiene una rapiña y un intento de homicidio. El juez lo tiene enfrente y, sabiendo eso, lo tiene que procesar como primario.
El que va a hacer justicia por toda la sociedad, si quiere actuar bien, o como debería, necesariamente tiene que violentar la ley…
JAE - …Esto tiene que ver con el artículo 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dice que “los antecedentes judiciales y administrativos de los niños y adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los 18 años o al cese de la medida”.
LLP – Exactamente. Entonces el juez, sabiendo como toda la sociedad sabe sobre algunos menores, si quiere aplicar el derecho –que es lo que tiene que hacer el Poder Judicial– no puede tratarlo con los antecedentes que sabe que tiene, porque están formalmente destruidos y para él legalmente no deben de existir.
Era muy importante saber la sensación de los jueces al aplicar el derecho en forma correcta, legal, pero en forma incorrecta para la realidad de esa persona. La verdad es que fue muy ilustrativa la reunión con Chediak…
EC - …El doctor Chediak dijo que está a favor de su planteo.
LLP – Sí, Chediak está a favor. Oxandabarat, que fue el vocero posterior del presidente de la Suprema Corte, hoy lo dice. Estamos tratando de sumar voluntades a algo que tiene una conciencia pública, rompe los ojos que todo el mundo está de acuerdo. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, está de acuerdo; el Partido Nacional también y creo que el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) estarían a favor. Lo único que falta justamente es la parte vital, los legisladores a los que la ciudadanía les dio la mayoría en octubre pasado. Que voten esta ley, o una similar, en el Parlamento, que es lo que viene muy trancado. Desde el año 2006 estamos chocando contra esa negativa a la que ya no le encuentro explicación.
Otra cosa que hablábamos con Chediak, que para mí resultó fundamental, es que cada vez que hablamos con un legislador del FA que se opone a este tema nos tira por delante los convenios internacionales que Uruguay ha suscripto, que esto estaría violando normativas, etcétera.
Chediak fue contundente, y si hay alguien que sabe de derecho es el doctor Chediak. Dice que no se violenta ningún convenio firmado por el Uruguay con respecto a los derechos del niño.
JAE – Entonces su propuesta, que va a estar incluida en este proyecto marco del PN, implica la derogación del artículo 222.
LLP – El artículo 222 tiene dos párrafos, dos incisos. El segundo inciso es el que leían recién, el que dice que una vez cumplidos 18 años los antecedentes de los menores infractores con la ley se deben destruir inmediatamente. Lo que nosotros proponemos desde el año 2006 es que no se destruyan los antecedentes, que queden en custodia –que no se anden volanteando por ahí– y que en el caso de que esta persona una vez devenida en mayor cometa un nuevo delito el juez diga “tráiganme el ‘currículum’ de este muchacho”, y así va a poder juzgar correctamente.
JAE – Justamente sobre ese punto parece haber otro inconveniente, y es que no hay registros ordenados de las actuaciones de la justicia de menores, tal como ayer planteó el doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Asociación de Magistrados de Familia, Infancia y Adolescencia.
EC – Sí, en determinado momento de la entrevista el doctor Pérez Manrique decía que otro elemento que hay que desmitificar en este debate es el de los antecedentes. Y explicaba: “Si pensamos en una persona adulta, el único antecedente que se reconoce desde el punto de vista legal es el resultado de un auto de procesamiento y después de una sentencia de condena, que se anota en el Registro Nacional de Antecedentes Penales gestionado por el Poder Judicial por intermedio del Instituto Técnico Forense”. Y agregaba: “En Uruguay estrictamente no existe, pese a que está previsto en la ley, un registro similar para el caso de personas que cometen ilícitos cuando son menores de 18 años de edad”.
O sea que no existe un registro judicial de antecedentes de las personas que cometen ilícitos cuando son menores de 18 años de edad. Después de una afirmación como esa yo le repregunté, porque francamente me sorprendió lo que él estaba señalando, y lo explicó un poco mejor:
(Audio Ricardo Pérez Manrique)
“El asunto es así: si usted o yo, cualquier persona mayor de 18 años de edad, cometemos un delito y un juez nos procesa, ese juez tiene la obligación de comunicar el proceso al Registro Nacional de Antecedentes Judiciales que fue creado por ley, que es del Poder Judicial, que lo administra y gestiona por intermedio del Instituto Técnico Forense. Incluso hay un caso notorio muy reciente sobre el que se discute qué es lo que queda anotado en ese registro y qué no. Ninguna sentencia dictada respecto a un adolescente se anota en ningún registro oficial, esto es así”.
(Fin del audio)
EC - ¿Dónde queda esa información entonces? El doctor Pérez Manrique contestaba que esa información queda en los expedientes, pero de manera desorganizada, no queda registrada en ningún lugar.
¿Entonces, diputado Lacalle Pou?
LLP – No me parece ninguna dificultad, es simplemente poner un poquito de empeño y de esfuerzo, desde el momento que en este proyecto se establece que los antecedentes quedan en custodia del INAU. Agarrarán 18 computadoras, 18 funcionarios y empezarán a pasar los expedientes en cada juzgado de menores a una computadora, y ahí quedarán en custodia en el INAU. Si ese es el escollo, bienvenido sea.
JAE – Claro, el asunto es que la información que maneja el INAU tiene de todo, hay antecedentes que no tienen necesariamente que ver con un conflicto de un menor con la ley.
EC – Sí, ese es otro punto que también introducía el doctor Pérez Manrique, sobre el que decía lo siguiente: “Existe un registro que se llama SIPI (Servicio de Información para la Infancia), que lleva el INAU, en el cual de manera patronímica, con el nombre de cada niña, niño o adolescente intervenido por el instituto por distintas razones, aparece todo el historial [..."> Pero el historial no recoge sentencias de condena, recoge las decisiones judiciales que se han tomado respecto a ese adolescente. Muchas veces se dictan sentencias absolutorias, que dudo de que las registre el INAU, porque lo único que registra es el cumplimiento de las medidas que disponen los jueces”.
LLP – Convengamos que el número de chiquilines del INAU que cometen infracciones a la ley penal no llega a las dos cifras. El resto dejémoslo porque no tenemos interés en sus antecedentes en el mal sentido de la palabra, con infracciones a la ley penal. El resto, que no sobrepasa un porcentaje muy alto y es el que nos tiene preocupados y ocupados, va a tener que quedar guardado. Y reitero que no me parece que formalmente haya ningún tipo de dificultad porque en todos los juzgados de menores están las sentencias emitidas por los jueces. De aquí en más, una vez que emitan la sentencia tendrán que apretar una tecla que dice “Enter” y pasársela al INAU para que los antecedentes de esos menores queden guardados en el disco duro de una computadora.
JAE – Ahora, solucionado ese tema práctico tal como usted señala…
LLP - …Obviamente lo estoy simplificando.
JAE – Sí, seguramente habrá también un porqué. Si está establecido en la ley y no se ha efectivizado, algo habrá pasado…
LLP- …Es que los antecedentes andan ahí en la vuelta, pero como hoy no sirven, no los utilizan…
JAE - …El asunto es qué efectos prácticos tiene esta medida desde el punto de vista del delito, desde el punto de vista de los hechos que llevan a ese joven, convertido en adulto, a cometer un delito.
LLP – Lamento traer un caso sonado sobre el cual todo el mundo se ha parado en estos días, pero es para hacerlo bien tangible. Dentro de un mes, creo que el 18 de setiembre, “el Maikol” va a ser primario.
JAE – Claro, pero eso no lo inhibe al delito.
LLP – No, pero supongamos que cumple 18 años y tres meses y su primer contacto con el delito después de la mayoría de edad es un hurto. Seguramente se lo procese sin prisión, cuando en realidad todo el mundo sabe la peligrosidad que reviste y el tipo de actividad que ha tenido en los últimos años de vida, lamentablemente. Esta segmentación artificial de la conducta es la que hace que muchas veces a quien “mandan a la paliza”, a cometer los delitos, es al menor de edad. ¿Por qué? Porque “jugá que es gratis”. Saben que dentro de tres, cuatro, seis meses son primarios, quedan envalentonados. Y todavía están las dificultades que está teniendo la Policía cuando le dicen “no me toques, soy menor”, una frase que todos han escuchado en algún momento.
EC – O sea, lo que usted espera de una medida como esta…
LLP - …Es preventiva, y en el momento de juzgar realmente va a ser juzgado un ser humano. Como cualquier muchacho joven que hoy va a buscar un laburo y tiene que andar con el currículum abajo del brazo, esto es, lamentablemente, el currículum negativo de una persona que ha perjudicado a la sociedad.
EC – Usted espera entonces que tenga un efecto disuasivo, que ese menor que pasa los 18 años sepa que si delinque no va a ser un primario por lo tanto las penas que puede recibir son más duras. Y por otro lado…
LLP - …Más que más duras con reclusión, eso es lo que me preocupa…
EC - …Y visto desde el punto de vista de la sociedad también la tranquilidad que implica que un joven que tiene sus antecedentes, y que por lo tanto carga con una historia de peligrosidad, no va a ser procesado sin prisión, no va a estar libre a los pocos días.
LLP – En nuestra profesión, gran parte de nuestra tarea es tratar de ser justos. Y la justicia es tratar desigual a los desiguales. Si nos borran parte de la historia de una persona, difícilmente podamos ser justos. En este caso, aún con toda la sociedad sabiendo que la historia se nos ha borrado, en gran parte estamos siendo injustos, y me parece que por ahí no va la cosa. Estamos siendo injustos hasta con aquel que cumple 18 años y es la primera vez que comete un delito, mientras que el otro cometió un sinnúmero de infracciones a la ley penal pero está en la misma condición del primario, porque no podemos utilizar todos los antecedentes que traía aparejados en su vida.
EC – Aparte de lo que usted presentó en el año 2006, ¿esta idea ahora va a formar un proyecto con otros sectores del PN?
LLP – Por supuesto que estoy dispuesto a hacerlo con mi partido. Jorge Larrañaga me llamó hace unos días, ayer hablé con Luis Alberto Lacalle, hoy voy a hablar con Gustavo Borsari y con el senador Carlos Moreira. Pero voy más allá. Si mañana viene el FA y me dice –como dijeron– que no quiere votar el “proyecto de Lacalle Pou”, yo le saco el primer apellido y el segundo, le saco el nombre, le saco el partido, retiro mi proyecto; que el FA presente uno igual, con la firma de todos los legisladores y yo voto ese. Lo haría, no con gusto, pero lo haría si lo tengo que hacer. Hay que modificar esta realidad que rompe los ojos, es un clamor popular. No puede ser que los políticos estemos ya no a cinco metros sino a años luz de una realidad que grita y clama por ser cambiada. Así que estamos en esa sintonía.
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"Ojos y oídos del rey". Escribe el senador Gustavo Penadés
30-08-2010 |
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La Constitución de 1830 previó la existencia en los departamentos de un jefe político, un agente del Poder Ejecutivo, a quien correspondía todo lo gubernativo. Preveía, asimismo, la existencia de Juntas Económico Administrativas, elegidas por elección directa, que se reunirían dos veces al año.
Mucho tiempo nos separa desde la aprobación de aquel régimen que sustituía la tradición de los Cabildos que, pese a las adaptaciones y variaciones propias de los turbulentos tiempos de la emancipación, había sin embargo subsistido.
Las instituciones fueron evolucionando en aras de una mayor descentralización y, por ende, de una mayor participación de la ciudadanía en la administración de los asuntos que le son propios, encontrándose en el sistema de alcaldías una nueva expresión de dicha tendencia.
Sin embargo, en estos momentos se viene manejando desde el Poder Ejecutivo la intención de designar "delegados presidenciales". El gobierno continúa la práctica del anterior en el sentido de difundir ideas sin dar a conocer el texto que las contiene, y estudiando la reacción de la opinión pública. Es por ello que debemos limitar nuestro comentario a los elementos que se han manejado a nivel de la prensa.
Los anuncios son hasta contradictorios a veces, pero lo que sí está claro es que la función del delegado serviría como "ojos y oídos" del Presidente; y, además, como el "gran coordinador" de los servicios estatales. Podríamos imaginarlo dando órdenes a las jefaturas departamentales del Ministerio de Salud Pública o a las de la UTE o el Ministerio de Educación. Sería el representante del Estado Central y Autónomo en los departamentos y ante el Intendente, la Junta Departamental, alcaldes, etc. Si en una primera etapa podría ser un "facilitador", con apenas algunos ajustes legales llegaría a transformarse en el jerarca máximo de los servicios estatales en cada uno de los departamentos. Así, ejecutaría los programas financiados con recursos nacionales, y de paso controlaría a qué se destinan los recursos transferidos por el Estado Central.
Es decir, aparecería ante los órganos democráticamente elegidos por los vecinos del departamento un funcionario, quien, representando al Estado Central, haría su voluntad, coincidente o no con la de los vecinos. Si la idea, tal como se la ha dado a conocer es francamente mala y constituye un retroceso a lo que ha sido la tradicional aspiración de los departamentos, lo es doblemente cuando lo que se busca es que el Frente Amplio recupere y afiance posiciones en los lugares en los que electoralmente retrocedió.
Rechazamos por tanto enfáticamente la peregrina idea del Presidente Mujica. Pero también, los gruesos errores conceptuales de quienes, como el secretario general del Partido Colorado, pretenden presentar al Partido Nacional como defensor de los antiguos jefes políticos, olvidando que gracias a las luchas del nacionalismo desapareció esa institución antidemocrática y fiel ejecutora de las arbitrarias decisiones de los gobiernos de turno, los que, da la casualidad, no eran del Partido Nacional.
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"A llevarse todo por delante". Escribe Jaime Mario Trobo
29-08-2010 |
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La poca vocación democrática de algunos importantes actores del Gobierno del Frente Amplio, queda de manifiesto en infinidad de actitudes que se traducen en actos de gobierno, cuyas consecuencias serán negativas y en algunos casos para volver atrás costará mucho.
En el ámbito de la salud los ejemplos sobran. Durante la administración pasada el equipo encabezado por la Ministro Muñoz se llevó por delante todas las formas, y las jurídicas también para lograr sus propósitos y prueba de ello son las presiones insostenibles ejercidas sobre infinidad de actores del sector para que actuaran como el gobierno quería, importando muy poco si ello tenia como consecuencia un resultado negativo para ellos o la población en general.
La mentira, el ocultamiento de información y el desinterés en las advertencias serias que se planteaban sobre distintos aspectos de la gestión del sector Salud y las dificultades para su desarrollo, fueron la moneda corriente. El debate sobre la eficacia de la vacuna contra el HPV (cáncer de cuello de útero), la irregular asignación de recursos del FNR (Fondo Nacional de recursos) para equilibrar las cuentas de una mutualista y la presión para que de ella se hiciera cargo otra prestadora. La insensatez con la que se decidió la creación del Fondo Nacional de Salud, un nuevo impuesto a la población, y el gran engaño que su principal promotor el actual Ministro de Salud elaboró proclamando la sustentabilidad de un sistema que hoy hace agua por todos lados. La compra de medicamentos para el SIDA que no garantizan la eficacia terapéutica requerida para una enfermedad tan dañina. La vergonzosa maniobra practicada para habilitar la práctica de la medicina a extranjeros identificados con un signo político determinado y la inexplicable negativa a habilitar a individuos del mismo origen que resolvieron “desertar” en Uruguay de una brigada medica militarizada. Estas son algunas de las pruebas de una gestión autoritaria y voluntarista que a nuestro juicio ha hecho daño a la salud.
Pero de estas muestras quizás la más malignamente eficaz, fe premiar al Ec. Olesker con el diseño del nuevo sistema y su mecanismo de financiamiento. Se formulo el proyecto, se aprobó en el parlamento sin posibilidades de corregirlo, mejorarlo o sustituirlo, algo normal en una nación democrática en la que el Parlamento es realmente independiente, se puso en marcha sin apelación, y sin reparar en los daños que podían haberse evitado con sensatez y espíritu abierto.
Hoy el sistema ha debido recibir refuerzos económicos incalculables, ha sometido a los prestadores a un aumento de gastos insostenibles que en algunos casos los ha puesto al filo de la bancarrota, ha ofrecido a los usuarios una caída en la calidad de la atención, ha determinado que la salud púbica por usuario o afiliado reciba mas recursos que el sector privado, ha logrado que las “mutualistas” que estaban mal sigan mal y que las que estaban bien estén mal. Y como resultado de una “fobia” inexplicable ha puesto en el cadalso el sistema de seguros complementarios o cajas de auxilio que tan buen resultado han dado en el pasado.
Todo consecuencia de una visión autoritaria y fundamentalista que alimenta el espíritu fundacional que anima a muchos hombres y mujeres de gobierno que le esta haciendo un gran daño al país.
Jaime Mario Trobo
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El diputado Gerardo Amarilla "En Perspectiva"
27-08-2010 |
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Gerardo Amarilla (PN): “El matrimonio es una forma más estable, segura y con mayores garantías”
El diputado de Unidad Nacional por el departamento de Rivera, Gerardo Amarilla, presentó un proyecto de ley por el cual se buscará promover la institución del matrimonio. “Es una herramienta muy útil, porque da garantías a los contrayentes y seguridades a los menores que son fruto de esa relación”, explicó entrevistado por En Perspectiva. La iniciativa incluye campañas de educación, beneficios económicos, exoneraciones tributarias y préstamos para viviendas, entre otras medidas. “Lo planteamos porque hemos tenido la experiencia de clientes jóvenes que no tienen a quién recurrir e intentan el divorcio porque es el camino más rápido para resolver lo que ellos creen su problema”, acotó.
JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
De un tiempo a esta parte, en Uruguay han surgido nuevas formas de organización familiar.
Basta mirar a nuestro alrededor para comprobar que cada vez son más las parejas que conviven sin casarse, al tiempo que también ha ido creciendo el número de hogares unipersonales. Esta nueva realidad llevó a un diputado del Partido Nacional (PN) a presentar un proyecto de ley con el objetivo de promover el matrimonio y desestimular los divorcios.
Se trata de una iniciativa que propone exoneraciones tributarias y préstamos beneficiosos para parejas que pasan por el Registro Civil y plantea la creación de dependencias estatales que brinden asesoramiento de tipo psicológico, sociológico y sexual. Además se establecen cambios en lo que tiene que ver con los trámites de divorcio, para que antes de llegar a esta instancia las parejas pasen indefectiblemente, en forma obligatoria, por una instancia de conciliación.
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JAE - El autor del proyecto, que ya se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, es el doctor Gerardo Amarilla, diputado de Unidad Nacional (UNA), PN, por el departamento de Rivera.
Usted, además de ser abogado también es docente de Derecho Constitucional y de Marco Legal Ambiental, tiene un máster en Derecho Ambiental, es autor de publicaciones como “La ética ambiental en los fundamentos judeocristianos”, e integra la Red Latinoamericana de Abogados Cristianos, pertenece a una iglesia evangélica.
¿Cómo se define como legislador?
GERARDO AMARILLA:
Como legislador me defino proactivo, intento ser fiel representante de los intereses para los cuales fui electo. Uno va con su bagaje de principios, de valores, de conocimientos, de experiencias vividas y trata de aportar en el Parlamento propuestas o iniciativas que beneficien a la sociedad.
JAE - ¿Se define como un legislador religioso? Porque hoy además usted como diputado aparece en otra información que publica el diario El País a propósito de una decisión que tomó la presidenta de la Cámara de Diputados que prohíbe reuniones de evangélicos en el Palacio Legislativo, y justamente se menciona que usted fue uno de los promotores de un ciclo para que en una de las salas de la Cámara de Representantes se analice el tema el Parlamento y la fe, por ejemplo.
GA - Hay que separar las cosas. Nuestro Estado es laico, por lo tanto, como lo dice la Constitución en el artículo 5, son libres las expresiones religiosas en el territorio nacional, el Estado no profesa ninguna fe, pero tampoco persigue. Tal vez haya alguna visión distorsionada de la laicidad en cuanto aparentemente se intenta perseguir o desconocer o incluso excluir la espiritualidad de la vida nacional. Nosotros entendemos que la vida nacional tiene una riqueza en las más variadas orientaciones de espiritualidad y religiosidad que no se pueden ocultar. Además creo que históricamente le han dado frutos y beneficios a toda la sociedad en la elevación espiritual de la gente y la elevación moral incluso por sus postulados.
JAE - Pero ¿cuánto incide esto en su gestión, en su trabajo legislativo?
GA - Incide y enriquece, una visión que está basada en fundamentos en este caso bíblicos o de la tradición judeocristiana tiene que ver en mucho con el desarrollo de toda una civilización, y nosotros apuntamos desde ese punto de vista. Pero no exclusivamente, a mí me votaron directa e indirectamente 25.000 ciudadanos del PN en Rivera para ser representante nacional; allí hay de todo y uno tiene que tratar de representar a todos con una visión amplia y general. Pero nuestros fundamentos, nuestros valores y nuestros principios obviamente inciden, influyen e inspiran la actividad parlamentaria.
JAE - En una entrevista que le hizo la publicación Prensa Cristiana Uruguay usted dice y admite que “el Parlamento es un medio hostil, en el cual hay que moverse con la prudencia que tenía David, con la sabiduría que le fue concedida a Salomón y, como nos aconseja Pablo, ser humildes como palomas y astutos como serpientes”.
GA - Utilicé ejemplos que vienen de la Biblia pero que trascienden cualquier profesión religiosa.
JAE - ¿Usted siente que lo miran distinto?
GA - No; obviamente en algunas circunstancias soy objeto de alguna broma, de alguna chanza, pero no hay una distorsión. A veces hay una mala interpretación, como por ejemplo esta decisión de la presidenta de la Cámara, que por su desconocimiento termina en una suerte de discriminación, porque la idea de reunirse en el Parlamento a leer algún texto bíblico y a reflexionar sobre valores, principios o problemas cotidianos y cómo mejor enfrentarlos no tiene que ver con la profesión de una religión o con la celebración de una instancia religiosa. Básicamente era intercambiar ideas y valores, y en lo posible lo vamos a seguir haciendo, independientemente de lo que profesa cada uno de los asistentes.
JAE - ¿Usted considera que hay más diputados “religiosos” que los que se definen como tales pero de repente no lo esbozan porque hoy lo religioso no paga, no pasa por su mejor momento con respecto a su imagen?
GA - Puede ser, sí, hay legisladores que tienen diferentes orientaciones, no solamente las tradicionales, a veces hay gente que tiene vinculación con las actividades religiosas de afrodescendientes, y está bien, y hay mucha gente que se define como católica y está bien. Y también hay gente que es librepensadora y tiene algunas corrientes filosóficas y me parece que está bien. También me parece interesante una actividad que promovió el presidente Lugo en Paraguay en el ámbito del Mercosur, incluso se hicieron actividades en el Parlamento uruguayo, que el diálogo interreligioso, que aportaba mucho a la sociedad porque aporta cómo se enfrentan problemas de nuestro desarrollo social, la actividad de la familia, las actividades económicas, las visiones ambientales desde las diferentes visiones de las orientaciones religiosas. Yo participé en algunas de ellas, y creo que es importante no ocultar ni discriminar la actividad religiosa, sino sumarla a la vida nacional y que desde sus diferentes visiones también haga los aportes que enriquecen y nos inspiran a hacer mejor nuestro trabajo.
JAE - Vamos a su proyecto. En el artículo 1 tiene una declaratoria de interés: “generar la protección y las políticas dirigidas a fortalecer la estabilidad moral y material del matrimonio y la familia de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Constitución de la República”. El artículo 2 dice que “el Estado va a instrumentar a través del Ministerio de Desarrollo Social y de Educación y Cultura y de los entes de la enseñanza programas de sensibilización y educación sobre la importancia del matrimonio civil para propender a la estabilidad moral y material de la familia”.
El artículo 3 dice que se van a exonerar todos los timbres, tasas, costos de publicaciones correspondientes al trámite para celebrar el matrimonio civil. El artículo 4 dice que el Banco República va a instrumentar una línea de crédito especial con bajas tasas de interés. El artículo 5 dice que el Ministerio de Vivienda va a considerar en sus líneas de crédito y en sus complejos de vivienda un 10% de las soluciones habitacionales para parejas jóvenes. También se menciona al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en el artículo 6 como el órgano que tiene que establecer una dependencia de apoyo y fomento a la familia en todas las capitales departamentales. Se habla también de la obligación de mecanismos de conciliación previa al divorcio entre los cónyuges.
¿Algo más para destacar de este proyecto?
GA - No, fundamentalmente es eso. Tras el análisis de los problemas sociales y la crisis de valores que vive nuestra sociedad habitualmente en las tertulias concluimos que lo que está en crisis es la familia y que hay una crisis de la institución familiar. Yo ejercí la profesión de abogado por 11 años y vi cómo muchas veces los trámites de divorcio se generan a partir de situaciones que tal vez se podrían resolver con un mayor diálogo o un mayor fomento.
JAE - ¿Cómo surgió la idea en usted?, ¿en qué momento dijo “tengo que presentar un proyecto”?
GA - Básicamente por el cúmulo de este tipo de planteos que recibí en mi escritorio como abogado en su momento, los divorcios de parejas jóvenes que no tenían un ámbito donde dialogar e intercambiar sobre sus problemas, las situaciones que se dan cotidianamente con hijos que no son reconocidos por el padre porque son fruto de una relación inestable y sin formalizar –que después genera una serie de complicaciones a la hora de reclamar por los derechos de los menores–, el problema de reclamos que se da con los bienes que compran o que construyen las parejas no casadas a la hora de separarse porque no tienen forma de probar lo que aportaron. Ese cúmulo de experiencias que viví como abogado me llevó a estudiar el tema de la familia, la crisis, el matrimonio. En el año 1960 se efectuaron en Uruguay 24.000 matrimonios al año, hoy estamos más o menos en la mitad de esa cifra, se realizan cerca de 12.000 matrimonios, y el número de divorcios ha aumentado al punto que en algunos años…
JAE - …hay más divorcios que matrimonios.
GA - Exacto. En definitiva, el matrimonio es una herramienta que viene del derecho romano, ha sido una herramienta jurídica muy útil, porque da muchas garantías a los contrayentes en primer lugar, da garantías y seguridades a los menores que son fruto de esa relación, ese es el origen del matrimonio como herramienta jurídica.
JAE - También hubo cambios con la ley de unión concubinaria. ¿Eso no ataca lo que usted menciona?
GA - Sí, en el período pasado se ensayó una herramienta. Yo recibí los datos de la Suprema Corte de Justicia sobre la cantidad de trámites iniciados a partir de esta ley, y es un porcentaje bastante menor, no resultó una herramienta eficaz para resolver lo que se pretendía resolver, que eran las uniones concubinarias y de hecho. Es más fácil y barato casarse, celebrar el matrimonio, que hacer todo el trámite de reconocimiento de una unión concubinaria, que es un trámite judicial largo, caro y que a veces por falta de pruebas no termina en el fin deseado.
JAE - Tal vez eso se pueda mejorar modificando la ley que ya está vigente.
GA - También se puede hacer, puede ser otro camino. De todas formas, la herramienta matrimonio civil, tal cual está concebida en el Código Civil, con todas las consecuencias que tiene en el derecho de familia, es sumamente eficiente a la hora de medir sus garantías, sus seguridades.
JAE - ¿En qué sentido cree que los problemas de valores que tiene la sociedad se solucionan con matrimonios? ¿Qué efecto positivo concreto tendría para la sociedad uruguaya que hubiera más matrimonios?
GA - En primer lugar, todos los hijos habidos en esa relación tienen la protección de tener un padre y una madre conocidos que tienen los derechos y las obligaciones de la patria potestad. Se me podrá decir que los hijos naturales también tienen esas garantías; es cierto, pero muchas veces –eso es parte de la experiencia– los padres no anotan a los hijos, quedan anotados solamente a nombre de la madre, el padre a veces por pereza o por desidia no los reconoce inmediatamente y después cuando hay una separación y se reclama hay que hacer la investigación de paternidad, que es todo un trámite tedioso, y los menores no solamente se ven perjudicados desde el punto de vista económico, sino por todo ese conflicto de un padre que actuó como tal pero que no lo quiere reconocer, lo que genera una serie de conflictos que van a afectar también en lo psicológico a los menores.
JAE - En la exposición de motivos usted menciona que “la sociedad está asistiendo a una crisis que está pautada por un decaimiento de los valores básicos de convivencia” y afirma que muchos análisis concluyen en que la causa de esta “se origina en la vulnerabilidad de la institución familia, base de nuestra sociedad”. ¿Cómo sostiene esto?
GA - Las cifras dan que hay un decaimiento en paralelo de los valores y de la crisis social y también de la institución familiar o del matrimonio, que ha quedado en desuso, también porque el Estado no ha hecho el hincapié necesario en que es una herramienta útil, eficiente, que da garantías, que le ahorra problemas y costos. Creo que hay que promoverla. Así como en el siglo XIX, cuando se consagró el Código Civil, dijimos que el matrimonio civil era obligatorio en todo el territorio de la República, porque en aquel momento la gente común, la gente humilde no se casaba –tampoco se casaba en aquella época–, entonces la idea fue que los matrimonios se celebraran porque daba garantías y seguridades, y el Estado promovió el matrimonio civil.
Es hora de ponerlo arriba de la mesa, estudiarlo, concluir que es una herramienta muy apta y promoverlo. El matrimonio es una herramienta que hay que promover, hay que darles las posibilidades económicas a los jóvenes para que contraigan matrimonio, darles posibilidades incluso habitacionales, que es una de las grandes barreras. Concluíamos con una legisladora del gobierno con quien hablábamos del tema que los jóvenes cada vez se casan más tarde y tienen hijos más tarde, y una de las trabas muchas veces es la vivienda, a la que no se accede fácilmente. Entonces la idea es que haya un cupo en los complejos de viviendas o planes de préstamos para atender las demandas de las parejas jóvenes, que a veces no tienen puntaje por no tener hijos para poder acceder rápidamente a las soluciones habitacionales.
JAE - De la audiencia ha llegado una catarata de mensajes a propósito de esta propuesta, con argumentos a favor y en contra.
JAE - “Por fin alguien que me diga que conformar un matrimonio tradicional es algo normal, porque con mi esposa nos sentimos sapos de otro pozo. El Estado viene potenciando las uniones libres, la unión homosexual, la educación sexual tendenciosa de nuestros hijos. Realmente ser familia y padres responsables es muy difícil en esta coyuntura”, dice Pepe del Cordón, que aclara: “No soy evangélico, y lo felicito”.
También hay comentarios en sentido contrario. Dice Ángel: “¿El legislador se olvida de que desde principios del siglo XX la religión se separó del Estado? La religión y las leyes no es bueno que vayan de la mano, en nombre de la fe se cometen grandes atrocidades y hacen chicatos y obtusos a los políticos”.
¿Qué dice a propósito de este comentario?
GA - Una cosa importante que cuando usted me preguntaba al principio tal vez no aclaré: en ninguna ley o proyecto de ley o planteo que hemos realizado en el Parlamento hemos hecho ninguna referencia, ninguna mención específica a creencia religiosa alguna, porque eso no corresponde. Está perfecto lo que dice el oyente, no se puede mezclar confusamente una cosa con la otra. Sí consideramos que hay valores y principios que están más allá de cualquier confesión religiosa.
JAE - ¿Cómo se evita que esto sea visto como una invasión a la libertad de las personas, el hecho de que se obligue a una conciliación cuando una pareja decide divorciarse?
GA - No está contra la libertad, son herramientas jurídicas. Cuando uno va a hacer un juicio laboral también se obliga a hacer una conciliación previa a los efectos de ver si se puede arreglar el patrón con el empleado. En este caso es algo similar, está previsto para todos los juicios en la Constitución de la República, con algunas excepciones de carácter legal: por ejemplo si usted va a cobrar un cheque o va a hacer un juicio ejecutivo por un cheque o cualquier otro título, no necesita conciliación previa porque está prevista la excepción y el trámite se hace directamente. Lo mismo está previsto para el divorcio, que no se precisa conciliación previa, aunque se intenta una suerte de conciliación dentro del proceso.
Más que para cumplir una forma o un requisito, nosotros lo planteamos porque hemos tenido la experiencia de clientes jóvenes que no tienen algún referente, algún padre, o no tienen dinero para un psicólogo, o no tienen a quién recurrir e intentan el divorcio porque es el camino más rápido para resolver lo que ellos creen su problema. Tal vez si tuvieran un ámbito, si el Estado invirtiera en un ámbito donde pudieran plantear su problema e intentar una reconciliación, no solamente para las personas podría ser…
JAE - ...Usted incluye el concepto de obligatorio, que esto sea obligatorio, no opcional.
GA - Sí, por supuesto, que sea obligatorio, como lo es en el juicio laboral. Pongo el ejemplo porque es muy interesante, usted antes de iniciar un juicio laboral obligatoriamente tiene que ir al Ministerio de Trabajo a intentar una conciliación.
JAE - Y uno tiene la libertad de no concurrir también.
GA - También, por supuesto. Y ahí tiene la consecuencia, como esa etapa no estuvo, va directamente a juicio. Aquí la idea es la misma, si una de las partes no concurre, no se lleva a cabo la reconciliación y se va directamente a la instancia judicial.
JAE - Otro concepto que está en este proyecto tiene que ver con incentivos económicos, por ejemplo tasas de interés bajas para compra de vivienda. ¿Cómo se puede evitar que las parejas se casen por conveniencia, para tener acceso a una vivienda, y no porque hay interés verdadero, genuino de conformar un matrimonio?
GA - Eso es parte de una patología que se puede presentar, no tenemos forma de evitarlo. Pero celebrar el matrimonio es algo tan trascendental, tan importante que tal vez se dé algún caso, pero no creo que sea sustancial. Es una declaración formal que se hace ante autoridades, pero aparte se hace público a todo el mundo que se va a contraer un matrimonio. Es un compromiso que se asume ante la otra parte, ante la sociedad, ante la familia, no creo que haya muchos casos de matrimonios por conveniencia por la vivienda, porque además ¿para quién sería la vivienda? Es un tema a definir, qué parte se quedaría con el bien inmueble. La consecuencia jurídica es que ese bien va a ser ganancial, la mitad indivisa de ese bien va a ser para cada uno de los contrayentes.
JAE - De repente es parte del acuerdo dividirlo entre dos y chau.
GA - Tal vez genere un problema mayor a la hora de dividirlo, o la otra parte cambia de opinión, “yo me quiero quedar con la casa”. Por ahí también se enamoran y ante el planteo puede nacer un nuevo núcleo familiar.
JAE - Y ¿cómo sería esto de crear dependencias estatales que incluyan asesoramiento de tipo psicológico, sociológico y sexual?
GA - El MIDES sería la dependencia donde podría generarse ese ámbito, tal vez se puedan ampliar las competencias de Infamilla para que atienda estos planteos, y que no solamente se den cuando se va a producir el divorcio y en forma obligatoria se llegue al trámite de conciliación, sino que sea un ámbito adonde uno pueda ir a plantear una duda o una cuestión de convivencia familiar que le genera una complicación y lo asesoren sobre cómo resolverlo de la mejor manera. Si en algo deberíamos invertir es en la familia, cuando se gasta tanto dinero y se invierten tantos recursos en mayor burocracia y situaciones dentro del Estado que a veces dejan mucho que desear, no podríamos escatimar en la familia, que no porque lo diga la Constitución, sino porque realmente lo creemos, es la base y el fundamento de la sociedad.
JAE - ¿Usted entiende que tiene que ser una dependencia que solo promueva el matrimonio? ¿Qué pasa con la posibilidad de la unión concubinaria?
GA - Está bien, es un tipo de familia, es una agrupación de personas que es un núcleo familiar. Tal vez debería ser atendida por esta dependencia. Para el caso concreto lo que planteamos es que esa dependencia, respetando la libertad de las personas de relacionarse y unirse como mejor les parezca, tenga claro que el matrimonio se promueve porque es una forma más estable, más segura y con mayores garantías.
JAE - ¿Hay algún ejemplo en el mundo de iniciativas de este tipo? ¿Usted se miró en algún espejo para elaborar este proyecto?
GA - No, no reparé en el derecho comparado para ver si había otra experiencia. Sería bueno pedir los antecedentes, aprovechar la relación que tenemos con la Red de Abogados de América Latina para ver experiencias. Hay una norma constitucional que habla sobre el matrimonio y lo promueve como tal, pero no hay una ley que establezca políticas y medidas concretas. Al menos no la conocemos, tal vez exista; antes de comparecer en la Comisión de Constitución y Códigos, lo que haremos próximamente, vamos a intentar recabar esa información.
JAE - ¿Este proyecto va a título personal, o fue consultado con otros miembros de la bancada del PN?
GA - Fue a título personal, pero lo comenté con varios legisladores del sector y del partido y creo que hay coincidencia en que es una buena medida. Algunos tienen algún reparo con algunos artículos, por ejemplo el tema de la conciliación ofrece reparos a algún colega, pero la idea es plantear la discusión, entender que la familia está en crisis. No creo que la que aporta ese proyecto sea la mejor ni la única medida, pero es una idea e intentamos contribuir a que la familia se revalorice y a que la institución del matrimonio sea promovida por el Estado porque consideramos que tiene ventajas para todos.
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